El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. En paralelo, Javier Milei instruyó a Economía para que el Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos de seguridad nacional.
El Gobierno nacional anunció una denuncia penal contra cinco compañías petroleras por presuntas operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La presentación fue impulsada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La medida alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según informó la Oficina del Presidente, las empresas investigadas contarían con licencias emitidas por las autoridades británicas para desarrollar actividades en la Cuenca Malvinas Norte. Para el Ejecutivo, esa situación contraviene las disposiciones de la Ley 26.659, que establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin habilitación nacional.
Presupuesto y Base Naval
Junto con el anuncio judicial, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice la incorporación de partidas destinadas al desarrollo de la Base Naval Integrada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.
La iniciativa incluye además otros proyectos que, de acuerdo con el comunicado oficial, estén orientados a garantizar la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos. El proyecto presupuestario deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre.
La base está proyectada en Ushuaia, Tierra del Fuego, una ubicación considerada estratégica por su proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
Endurecimiento de medidas
El anuncio se inscribe en una ofensiva oficial para reforzar las acciones contra compañías y personas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas. Días antes, la Cancillería había iniciado procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a la legislación argentina.
El Ejecutivo sostiene que las decisiones buscan reafirmar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
