Especialistas en bioética, medicina y derecho participaron en Rosario de una jornada sobre eutanasia y muerte digna. El encuentro reabrió la discusión sobre los proyectos que buscan establecer un marco legal para la asistencia médica para morir, una práctica que todavía no está habilitada en el país.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue sede de una jornada académica dedicada a debatir la eutanasia, la muerte digna y el derecho a decidir sobre el final de la vida. La actividad reunió a especialistas de distintas disciplinas en la Facultad de Derecho, en un contexto en el que distintos proyectos legislativos procuran instalar nuevamente el tema en la agenda del Congreso.
Bajo el título “El derecho a decidir en los finales de la vida: Autonomía y Dignidad. El debate sobre la eutanasia en Argentina”, el encuentro abordó los aspectos éticos, médicos, jurídicos y sociales que atraviesan una eventual regulación de la práctica.
Entre los expositores estuvieron el médico y expresidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano, Mario Sebastiani; la abogada Sheila Knight; y el antropólogo social y especialista en bioética Darío Iván Radosta. También se sumó al debate el diputado nacional Esteban Paulón, impulsor de una iniciativa para regular la muerte voluntaria médicamente asistida en el país.
Actualmente, la eutanasia no está regulada en Argentina. La legislación vigente reconoce, desde la Ley de Muerte Digna sancionada en 2012, el derecho de los pacientes a rechazar tratamientos, intervenciones o soportes vitales que prolonguen artificialmente su vida, así como a dejar directivas anticipadas. Sin embargo, esa normativa no autoriza a provocar de manera directa la muerte de una persona a pedido suyo.
Durante la jornada se remarcó la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido. En el primer caso, es un profesional de la salud quien administra la sustancia destinada a causar la muerte, bajo las condiciones que podría fijar una ley. En el segundo, la medicación es administrada por la propia persona que solicita el procedimiento. Ninguna de las dos alternativas está permitida hoy por la normativa argentina.
Los especialistas coincidieron en que una eventual ley debería contemplar mecanismos estrictos de evaluación, con garantías sobre el consentimiento libre, informado y sostenido del paciente. También plantearon la necesidad de considerar la condición clínica, la presencia de padecimientos irreversibles, la atención del dolor, los cuidados paliativos y posibles cuadros de salud mental antes de dar curso a una solicitud.
El debate vuelve a tomar impulso mientras en el Congreso existen varios proyectos para regular la eutanasia o la asistencia médica para morir. Las iniciativas proponen, con distintos alcances, que personas mayores de edad con enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes puedan solicitar el procedimiento, siempre bajo requisitos y controles médicos y administrativos. No obstante, ninguna propuesta logró hasta ahora el consenso suficiente para llegar al recinto.
En paralelo, la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina impulsa una carta pública que ya reunió más de 5.400 adhesiones y reclama un debate legislativo “plural, informado y respetuoso”. La discusión también se alimenta de casos de personas que acudieron a la Justicia para pedir una muerte médicamente asistida ante diagnósticos de enfermedades degenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Un debate pendiente
La discusión sobre la eutanasia plantea una tensión central entre la autonomía de las personas para decidir sobre su propio final y el deber del Estado y del sistema sanitario de brindar cuidados, aliviar el sufrimiento y proteger a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
La jornada en Rosario no resolvió una discusión que sigue abierta en el plano social, médico y político, pero volvió a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar el derecho a decidir cuando una enfermedad irreversible transforma el final de la vida en un padecimiento. Mientras el Congreso mantiene pendientes los proyectos existentes, el debate por una regulación específica continúa ganando visibilidad en Argentina.
