La Justicia federal ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Flybondi por un monto cercano a los $ 1.500 millones, a raíz de una serie de ejecuciones fiscales impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por deudas tributarias de la aerolínea low cost.
La medida, dispuesta por los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de la Ciudad de Buenos Aires, no implica la suspensión de las operaciones de la compañía, sino que busca asegurar el cobro de los créditos reclamados por el fisco en el marco de un proceso de ejecución fiscal.
ARCA inició esta semana al menos seis ejecuciones fiscales contra FB Líneas Aéreas S.A., la razón social bajo la cual opera Flybondi, por deudas correspondientes a distintos períodos comprendidos entre marzo y junio de 2026.
En cinco de esos expedientes, el capital reclamado suma aproximadamente $ 1.525 millones, correspondientes principalmente a obligaciones vinculadas con el impuesto a las ganancias, retenciones y percepciones de IVA y otros tributos.
Si se contempla el 15% adicional que fija la Justicia para cubrir intereses resarcitorios, punitorios y costas del juicio, el embargo alcanza aproximadamente los $ 1.754 millones, según detallaron fuentes judiciales.
Los jueces intervinientes ordenaron trabar embargos generales sobre los fondos y valores de Flybondi depositados en cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas de títulos y otros activos financieros de los que la empresa sea titular.
La medida excluye las cajas de seguridad y los fondos correspondientes a haberes jubilatorios, por lo que la resolución judicial quedó más acotada que el pedido original de ARCA, que había solicitado incluir también esos rubros.
El embargo deberá instrumentarse mediante un oficio al Banco Central de la República Argentina a través del Sistema de Oficios Judiciales, para que se efectivice sobre los fondos depositados en las entidades bancarias donde la aerolínea tenga cuentas.
Contexto de crisis financiera y operativa
El nuevo embate judicial se produce en medio de una profunda crisis financiera y operativa de Flybondi, que en las últimas semanas canceló decenas de vuelos, despidió a más de 700 trabajadores y enfrenta versiones sobre un posible concurso preventivo de acreedores.
Entre el 6 y el 10 de agosto, la compañía se vio obligada a cancelar 66 vuelos, a pesar de haber presentado un cronograma de contingencia días antes, según informaron fuentes del sector.
Además de las deudas con el fisco, Flybondi acumula reclamos judiciales de exempleados por indemnizaciones impagas y de proveedores, como Tienda León, a la que adeuda más de $ 122 millones por servicios de traslado terrestre de pasajeros.
En los últimos meses, la aerolínea ya había sido objeto de embargos preventivos en otras causas, entre ellas demandas laborales de trabajadores despedidos sin pago de liquidación final y juicios ejecutivos de empresas proveedoras.
En mayo, un juzgado laboral dictó un embargo preventivo sobre las cuentas de Flybondi en un banco de primera línea por una demanda de una empleada despedida sin causa, mientras que en junio la Justicia autorizó otro embargo por el reclamo de Tienda León.
Al momento de intentar ejecutar algunas de esas medidas, los abogados de las partes informaron que las cuentas de la aerolínea presentaban saldos mínimos o estaban casi vacías, un dato que encendió las alarmas sobre la liquidez real de la empresa. Con el nuevo embargo ordenado por los juzgados de Ejecuciones Fiscales, ARCA busca asegurar el cobro de los créditos tributarios antes de que la situación patrimonial de Flybondi se degrade aún más.
Si la aerolínea no regulariza su situación fiscal o no presenta un plan de pagos aceptado por el fisco, las ejecuciones podrían avanzar hacia el remate de otros bienes, aunque la medida cautelar actual se concentra en los fondos bancarios.
En paralelo, la compañía continúa operando con una flota reducida y un cronograma de vuelos recortado, mientras evalúa opciones de reestructuración financiera y negocia con acreedores y proveedores para evitar un colapso operativo mayor.
