La Justicia Federal formalizó la investigación por una red de pensiones no contributivas por discapacidad tramitadas de manera irregular en El Quebrachal y Joaquín V. González. Entre los acusados hay un diputado provincial, médicos, gerentes de hospitales, empleados municipales y personal de ANSES.
La Fiscalía Federal de Salta individualizó a 15 personas como presuntos integrantes de una organización dedicada a gestionar pensiones “truchas” en el departamento de Anta. Según la causa, el mecanismo incluía certificados médicos falsos, historias clínicas alteradas y cobros irregulares, con un perjuicio al Estado estimado en $3.280 millones mensuales.
La Justicia Federal formalizó la investigación por una presunta red de pensiones no contributivas por discapacidad tramitadas de manera fraudulenta en el departamento de Anta, en el norte de Salta. En la causa ya hay 15 imputados, entre ellos un diputado provincial, médicos, gerentes de hospitales, empleados municipales y personal de ANSES, y el perjuicio al Estado se estima en unos $3.280 millones por mes.
La Fiscalía Federal de Salta sostiene que existía una organización dedicada a la tramitación irregular de estos beneficios, principalmente en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González. Según la hipótesis del caso, los involucrados habrían cobrado sumas que iban desde $45.000 hasta $1.000.000 por gestionar los trámites a personas de sectores vulnerables, muchas de las cuales no cumplían con los requisitos exigidos e incluso, en algunos casos, no presentaban ningún tipo de discapacidad.
El mecanismo incluía la elaboración de certificados médicos falsos, la alteración de historias clínicas y la modificación de resultados de laboratorio y estudios radiográficos, con la participación de profesionales de la salud, empleados y funcionarios públicos. De esta manera, se habrían facilitado pensiones no contributivas por discapacidad a personas que no reunían las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Entre los 15 imputados figura el diputado provincial por Anta, Gerardo Francisco Orellana, además de ex gerentes y directivos del hospital público de El Quebrachal, médicos, empleados de las áreas de Acción Social de los municipios de El Quebrachal y Joaquín V. González, empleados de ANSES y otros gestores. La primera audiencia de formalización se realizó ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, a cargo del juez Diego Anzorreguy.
Las personas quedaron imputadas por distintos delitos, entre ellos asociación ilícita para defraudar al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y falsificación de documentos públicos; en al menos uno de los casos también se investiga el ejercicio ilegal de la medicina.
Según los informes incorporados a la causa, en la zona analizada se otorgaron pensiones no contributivas por discapacidad a 39.775 personas, de las cuales aproximadamente 9.000 salteños no cumplirían con los requisitos establecidos para acceder al beneficio. Solo en el departamento de Anta se contabilizaron 4.305 pensiones, una cifra que representa alrededor del 15% de la población con discapacidad de la zona y concentra principalmente a habitantes de El Quebrachal y Joaquín V. González.
El perjuicio económico calculado para el Estado asciende a unos $3.280 millones mensuales, según estimaciones de la investigación. Con la formalización de la causa y la individualización de los 15 imputados, la investigación entra en una etapa de profundización de las pruebas, que incluye pericias documentales, análisis de flujos de dinero y ampliaciones de testimonios. La Justicia busca desarticular la presunta organización y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados en la confección y facilitación de certificados médicos truchos y en la gestión fraudulenta de los beneficios.
