El gobernador Gustavo Sáenz planteó formalmente a las autoridades nacionales la necesidad de revisar la Resolución 5910/2026, que endureció las condiciones del tráfico vecinal fronterizo de exportación. El mandatario advirtió que los nuevos controles no deben afectar al comercio legal de localidades como Aguas Blancas y Salvador Mazza.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, y le planteó la necesidad de revisar los cambios introducidos al régimen de tráfico fronterizo de exportación. Durante el encuentro, ambos funcionarios se comunicaron con el director general de Aduanas, José Vélis, para trasladarle la posición de la Provincia.
“Formalmente solicité al ARCA y a la Dirección de Aduanas la revisión a los cambios introducidos al régimen de tráfico fronterizo de exportación”, expresó Sáenz. El gobernador reconoció la necesidad de reforzar los controles, pero sostuvo que esa reestructuración debe lograrse “sin afectar el comercio que se desarrolla de forma legal en la zona de frontera”.
La medida cuestionada fue establecida mediante la Resolución General 5910/2026 de ARCA. La norma fijó un tope de 150 dólares diarios por residente fronterizo para el traslado de mercadería hacia el exterior, independientemente de la cantidad de productos que transporte.
Además, la resolución incorporó restricciones al egreso de combustibles en bidones u otros recipientes, prohibió la salida de trigo, soja y maíz en todas sus formas y limitó el traslado de mercaderías en envases de 10 kilos o más. Según ARCA, los cambios buscan reducir el fraccionamiento de operaciones, la reiteración sistemática de cruces y los desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados.
El reclamo provincial llega tras el rechazo de comerciantes y municipios fronterizos a la nueva normativa. Aguas Blancas y Salvador Mazza, que dependen en buena parte del intercambio comercial con Bolivia, impulsaron incluso una acción de amparo colectivo contra ARCA para frenar la aplicación de la resolución.
El planteo de Sáenz abre un nuevo frente de negociación entre Salta y la Nación por una medida que impacta directamente en la economía de las localidades fronterizas. La Provincia busca que el Estado nacional preserve los controles contra el contrabando, pero sin frenar una actividad comercial que sostiene el empleo y el movimiento económico en la frontera norte.
