El Gobierno nacional reglamentó este martes el cobro de la atención sanitaria no urgente a extranjeros sin residencia permanente en los hospitales administrados por el Estado, una medida que en Salta ya se aplica desde febrero de 2024 y que, según datos oficiales, redujo en hasta un 95% la demanda de pacientes de países limítrofes.
A través de la Resolución 1066/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación definió el “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional”. La norma es aplicable a “todos los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país” y fija dos vías de pago: si el paciente tiene seguro de salud, el hospital le factura el costo a la aseguradora; si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención no urgente.
La resolución mantiene la excepción de urgencias: queda exceptuada “toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud”. En esos casos, la atención debe brindarse de inmediato y sin demoras administrativas; una vez superada la emergencia, las prestaciones posteriores sí podrán ser cobradas al paciente o a su aseguradora.
Salta fue la primera provincia en implementar esta modalidad, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129/2024 y la Ley Nº 8421, que aranceló la atención de extranjeros en categorías de residentes transitorios y precarios en los hospitales provinciales. El gobernador Gustavo Sáenz firmó la medida a fines de febrero de 2024 con el objetivo de “priorizar la asistencia a los pacientes salteños y ahorrar recursos”, ya que la atención a extranjeros representaba hasta el 10% del presupuesto anual de salud pública.
Los resultados reportados por el Gobierno provincial son contundentes: la implementación de la ley logró una disminución de hasta el 95% en la atención a pacientes de países limítrofes y un ahorro de alrededor de 60 millones de pesos, recursos que fueron reinvertidos en el mejoramiento de la atención a los pacientes salteños. Además, la provincia actualizó los aranceles en septiembre de 2024, con un reajuste promedio del 20% en los costos de cirugías, internaciones, laboratorios y otras prácticas.
El procedimiento nacional fija pautas precisas para el recupero de costos: cuando exista cobertura, el hospital debe notificar el ingreso a la aseguradora dentro de las primeras 24 horas, emitir una factura electrónica de exportación de servicios y otorgar a la compañía un plazo de 45 días corridos para transferir el dinero a la cuenta oficial del efector. La norma también ordena que las emergencias se atiendan de inmediato y sin demoras administrativas, mientras que la atención habitual quedará sujeta a la acreditación de residencia permanente, a la presentación de un seguro de salud suficiente o al pago previo del arancel correspondiente.
Los extranjeros residentes permanentes, en cambio, podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, según establece la normativa.
Además de Salta, otras provincias y jurisdicciones ya han implementado o están analizando medidas similares: Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires figuran entre las que avanzaron con el arancelamiento de la atención a extranjeros no residentes. La decisión nacional ahora extiende este procedimiento uniforme a los hospitales nacionales, como el Posadas, el Baldomero Sommer, el Ramón Carrillo, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y el Laura Bonaparte.
El anuncio de la medida se enmarca en una serie de cambios en el régimen migratorio impulsados por el Gobierno nacional, que incluyen también el arancelamiento de las universidades nacionales para extranjeros no residentes y la ampliación de la lista de delitos que serán causa de deportación. Funcionarios nacionales citaron el caso de Salta como antecedente exitoso, donde “bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”.
La normativa busca ordenar los recursos sanitarios y garantizar la sostenibilidad del sistema público, priorizando la atención a los residentes permanentes y asegurando que los extranjeros no residentes contribuyan a solventar los gastos que genera su atención sanitaria, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud.
