Diez policías de la Comisaría 7 de Campo Quijano fueron imputados en Salta por no cumplir con la custodia ordenada para una mujer que terminó siendo asesinada por su expareja, y por presuntamente falsear un informe para encubrir esa omisión.
La investigación se enmarca en el femicidio de Natalia Cruz, una mujer de 37 años que fue asesinada el 17 de febrero en su vivienda del barrio Luz y Fuerza, en Campo Quijano, por su expareja, Daniel Orlando Serapio. Natalia tenía una medida de protección otorgada por la Justicia que ordenaba una consigna policial permanente en su domicilio, debido a antecedentes de violencia de género por parte del agresor. Según la Fiscalía, esa custodia nunca se implementó, a pesar de que la Comisaría 7 estaba debidamente notificada de la resolución judicial.
Qué se les imputa a los policías
La Justicia provincial acusó a los diez efectivos de distintos delitos, en función del rol que habrían tenido
- –Jefe de la comisaría y jefe de guardia: imputados por falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Se les atribuye haber impulsado la confección del informe falso y no garantizar la custodia permanente.
- –Un suboficial y un oficial: imputados por falsedad ideológica. Según la acusación, uno habría redactado y firmado el parte apócrifo y el otro habría transmitido la orden para elaborarlo.
- –Otros seis efectivos (incluyendo cuatro mujeres y otro integrante de la dependencia): imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la consigna, ni informar a la Justicia sobre la imposibilidad de cumplirla.
La Fiscalía sostiene que, después del crimen, algunos policías confeccionaron un informe con datos falsos en el que intentaron dejar asentado un supuesto intento de cumplir la custodia, algo que, de acuerdo con la acusación, nunca ocurrió.
El caso de Natalia se suma a una serie de femicidios que mantienen en alerta a la provincia. En lo que va de 2026, se registran al menos cinco femicidios y un femicidio vinculado en Salta, según datos locales, lo que expone la fragilidad de los mecanismos de protección y la necesidad de revisar el accionar estatal frente a denuncias de violencia.
Organismos de derechos humanos y colectivos feministas vienen señalando la responsabilidad del Estado cuando las medidas ordenadas por la Justicia —como consignas policiales, botones antipánico o restricciones de acercamiento— no se ejecutan o se cumplen de manera deficiente, dejando a las víctimas en situación de extrema vulnerabilidad.
Lo que queda por definir en la causa
Con las imputaciones ya formalizadas, la investigación deberá avanzar en varios ejes
- -Determinar quiénes conocían en detalle la medida judicial y cuál fue el circuito interno que llevó a que la consigna no se cumpliera.
- -Establecer con precisión cómo se elaboró el informe presuntamente falso, quién lo ordenó y con qué finalidad.
- -Evaluar la eventual responsabilidad del Estado provincial por la falla en el sistema de custodia, tema sobre el que ya existen antecedentes jurisprudenciales en Salta en casos similares de violencia familiar.
El caso se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo la falta de cumplimiento de las medidas de protección puede terminar en tragedias evitables, y reabre el debate sobre la eficacia real del sistema de prevención de femicidios en la provincia.
