El país alcanzó en 2025 una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, según un informe del Observatorio de Política Criminal elaborado con datos del Sistema Nacional de Información Criminal. Especialistas reclaman respuestas integrales y sostenidas, con foco en adolescentes y jóvenes.
En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un informe del Observatorio de Política Criminal encendió nuevas alertas sobre la evolución de esta problemática en la Argentina. De acuerdo con el análisis de los registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), durante 2025 se contabilizaron 5.209 muertes por suicidio, la cifra más elevada de la serie analizada desde 2017.
El número representa una tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, frente a los 8,2 registrados en 2017. El informe advierte además que la Argentina se ubica en el segundo lugar de la región en este indicador, detrás de Uruguay y por delante de Chile.
Los datos deben leerse teniendo en cuenta que provienen de estadísticas criminales, un registro distinto del sistema sanitario de defunciones. El SNIC reúne información cargada por las policías provinciales y las fuerzas federales, mientras que los intentos de suicidio comenzaron a ser de notificación obligatoria en el sistema de salud en abril de 2023. Por esa diferencia metodológica, las cifras de ambos sistemas no son directamente equivalentes.
Una problemática que alcanza a edades cada vez más tempranas
El informe señala un crecimiento sostenido de los casos y un impacto especialmente preocupante entre adolescentes y jóvenes. La situación, sin embargo, no responde a una única causa: los especialistas la describen como un fenómeno complejo en el que pueden intervenir factores de salud mental, aislamiento, violencia, discriminación, consumo problemático de sustancias, dificultades económicas y barreras para acceder a atención adecuada.
“Estamos ante un problema colectivo que involucra la salud mental, la salud física y también políticas públicas. Su tratamiento es multifactorial y requiere corresponsabilidad”, sostuvo Soledad Dawson, psicóloga y directora de la Maestría en Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, en declaraciones difundidas por Agencia Noticias Argentinas.
La especialista subrayó la importancia de que las familias, las escuelas, los servicios de salud, las instituciones y el Estado construyan redes de acompañamiento. “Lejos de la culpa, que paraliza y busca un responsable único allí donde no lo hay, la responsabilidad compartida permite pensar qué podemos transformar”, afirmó.
Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerdan que el suicidio es un problema de salud pública prevenible, todavía rodeado de estigma, mitos y tabúes. Entre las estrategias recomendadas se encuentran fortalecer la atención de salud mental, identificar tempranamente a las personas en riesgo, desarrollar habilidades socioemocionales en adolescentes, mejorar los sistemas de información y promover una cobertura periodística responsable.
La prevención requiere hablar y pedir ayuda
En este contexto, los especialistas recomiendan prestar atención a cambios persistentes en el estado de ánimo, aislamiento, alteraciones importantes del sueño o la alimentación, desesperanza, dificultades marcadas en la escuela o el trabajo, y expresiones de sufrimiento emocional. Una conversación empática, sin juicios ni minimización, puede ser un primer paso para acercar a una persona a la ayuda profesional.
La prevención no depende únicamente de las familias. También requiere políticas públicas sostenidas, equipos especializados, intervención en escuelas y universidades, capacitación de quienes trabajan con adolescentes y jóvenes, y acceso oportuno a servicios de salud mental en todo el país.
