La provincia se suma a la implementación de la normativa que modifica el tratamiento judicial de los adolescentes en conflicto con la ley penal. El nuevo esquema busca fortalecer las medidas socioeducativas y agilizar los procesos.
A partir de septiembre, la provincia de Salta pondrá en marcha el nuevo régimen penal juvenil, una normativa que introduce cambios significativos en la forma en que el sistema judicial aborda los casos de adolescentes en conflicto con la ley. La medida fue confirmada por el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad provincial, que ya trabajan en la capacitación de los equipos técnicos que intervendrán en su aplicación.
Qué cambia con el nuevo régimen
El nuevo esquema normativo establece un abordaje diferenciado según la edad de los adolescentes involucrados, con especial énfasis en las medidas alternativas a la privación de libertad y en programas de reinserción socioeducativa. Entre los principales cambios se destacan:
- -La implementación de procesos más ágiles para la resolución de causas.
- -El fortalecimiento de dispositivos de acompañamiento familiar y comunitario.
- -La incorporación de equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales y educadores) en el seguimiento de cada caso.
- -Un mayor control judicial sobre las medidas aplicadas, garantizando el respeto de los derechos del adolescente.
Según explicaron fuentes oficiales, el nuevo régimen busca dejar atrás un modelo considerado obsoleto y avanzar hacia un sistema que priorice la responsabilización del adolescente sin perder de vista su proceso de reinserción social. «No se trata solo de sancionar, sino de trabajar en la prevención de la reincidencia», señalaron desde el Ministerio.
La reforma se enmarca en un debate más amplio a nivel nacional sobre la baja en la edad de imputabilidad y el tratamiento de los delitos cometidos por menores, un tema que en los últimos años generó fuertes discusiones políticas y sociales.
De cara a la implementación, distintas áreas del gobierno provincial —entre ellas Justicia, Seguridad y Desarrollo Social— llevan adelante jornadas de capacitación destinadas a jueces, fiscales, defensores y personal técnico que trabajará bajo el nuevo esquema. También se prevé la creación de nuevos espacios físicos para alojar a los dispositivos socioeducativos que reemplazarán, en muchos casos, a los institutos de régimen cerrado.
Organizaciones sociales y especialistas en niñez y adolescencia siguen de cerca la implementación, con posiciones divididas: mientras algunos sectores celebran el cambio de paradigma hacia un modelo más garantista, otros advierten sobre la necesidad de contar con recursos suficientes para que la reforma no quede solo en el papel.
Desde el gobierno provincial aseguraron que se realizará un monitoreo constante durante los primeros meses de vigencia para evaluar el impacto de la medida y realizar los ajustes necesarios.
