La mujer que fue detenida por presuntamente hacerse pasar por ingeniera y ofrecer empleos falsos en el sector minero de la provincia de Salta seguirá detenida mientras avanza la investigación, estimados hoy la Justicia salteña.
La fiscalía la imputó por los delitos de estafa reiterada y usurpación de título o ejercicio ilegal de la profesión, tras la presentación de múltiples denuncias de personas que abonaron dinero o entregaron documentación con la promesa de colocación laboral en empresas mineras. Según la causa, la sospechosa publicaba ofertas de empleo.
El MPFS, en el curso de la citada audiencia, la acusación fue ampliada a 57 hechos. La Fiscalía sostiene que la mujer ofrecía supuestos puestos laborales vinculados al sector minero y solicitaba dinero para trámites y estudios preocupacionales. Hay otras cuatro personas involucradas.
En la audiencia de revisión de la prisión preventiva, la jueza detectó que existían riesgos procesales —entre ellos, la posibilidad de entorpecer la pesquisa y el riesgo de fuga— y prorrogó la medida mientras prosiguen las pericias telefónicas, el análisis de transferencias bancarias y la recopilación de testimonios de las víctimas. La defensa solicitó medidas alternativas, alegando arraigo y colaboración con la investigación; el tribunal rechazó
Las autoridades provinciales y representantes de sindicatos mineros instalaron a denunciar cualquier oferta sospechosa.
Se esperan nuevas diligencias, entre ellas la auditoría de cuentas y el pedido de información a plataformas donde se publicaban los avisos laborales, para determinar el alcance de la presunta maniobra y el monto defraudado.
Con el objetivo de otorgar apariencia de legitimidad a las maniobras investigadas, la acusada promovió la creación y utilización de distintas estructuras comerciales, entre ellas “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin”, que habrían sido utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada con supuestos procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial relacionada con proyectos mineros.
Según la investigación, a través de esas firmas se convocaba a profesionales y trabajadores (entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios) bajo la promesa de futuras contrataciones en obras presentadas como vinculadas con empresas del sector minero.
En ese contexto, se habría solicitado dinero para distintos conceptos asociados con el proceso de contratación, como trámites administrativos y estudios preocupacionales. Los pagos se habrían realizado mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo.
